Panorama agrícola
1. BREVE REPASO HISTÓRICO DE LA PROBLEMÁTICA AGRÍCOLA
Hablar de la tierra y la siembra es hablar de la humanidad. La primera preocupación del hombre fue su necesidad de alimento, satisfecha por los frutos de la tierra.
1. BREVE REPASO HISTÓRICO DE LA PROBLEMÁTICA AGRÍCOLA
Hablar de la tierra y la siembra es hablar de la humanidad. La primera preocupación del hombre fue su necesidad de alimento, satisfecha por los frutos de la tierra.
La agricultura señala el principio del sedentarismo y, por ende, el nacimiento de las civilizaciones.
Aunque ciertamente la etapa agrícola se encuentra en los orígenes de todas las culturas, la persistencia de esta actividad llega a conformar la idiosincrasia peculiar; así, podemos decir que hay pueblos de mentalidad agrícola por su enlazamiento con la actitud de espera que marca el ritmo de las cosechas.
México es un pueblo de mentalidad agrícola, y la tierra, por lo tanto, ha sido siempre uno de sus problemas fundamentales no solamente en cuanto a su tenencia, sino a la connotación mágica que tuvo entre los antiguos pobladores.
Hasta la fecha, los tarahumaras siembran para cumplir con la tierra un compro-miso tácito de características religiosas.
La agricultura era la principal ocupación de los mayas, que la realizaban comunalmente, pues unas familias ayudaban a otras. Entre los mexicas o aztecas existía el calpulli, que era propiedad común.
Decía el oidor Zurita: “nunca jamás se daban estas tierras a quien no era natural del calpulli o barrio, que, como entre los israelitas, no podían ni era lícito enajenar las tierras o posesiones de una tribu”.
Estas ideas son muy importantes para conocer los problemas actuales de México y saber que en las comunidades indígenas sí funciona la propiedad comunal del ejido, en tanto que en otras persiste un recio individualismo que trastorna la economía nacional.
Curiosamente, la tributación en el imperio azteca se basaba en productos agrícolas, aunque había también otros que comprendían trajes, alhajas y hasta gusanos.
El Códice Mendocino ha conservado esas nóminas de tributos que son sumamente interesantes. Asimismo, cada cinco días había en las poblaciones principales, según dice Bernal Díaz del Castillo, el mercado público o tianguis, costumbre que hasta ahora se conserva en miles de pequeños poblados mexicanos (la palabra original era tianguistií).
En la época colonial la tenencia de la tierra se convierte en un verdadero problema. La legislación virreinal autorizó las encomiendas y los repartimientos, pero también la existencia de los ejidos. El concepto ejido era más amplio en sus significaciones que lo que se consideraba ejido en España: pedazo de tierra situado en las orillas de los poblados, usado comúnmente para estancia del ganado.
Los poderes coloniales españoles utilizaron en su beneficio las tradiciones comunales de los indígenas mexicanos, y la entrega de los ejidos a los poblado-res indígenas perseguía la finalidad de conservar y restablecer las formas comunales de la agricultura.
Por ejido se entendía todas las tierras comunales pertenecientes a una u otra población. No se trataba de respetar por parte de los colonizadores españoles las tradiciones indígenas; las formas comunales de la agricultura eran instrumento muy efectivo para subordinar a las masas indígenas y a su máquina administrativa y fiscal.
El apoyo y la conservación del régimen comunal estaba íntimamente ligado a la política seguida por España, tendiente a crear un régimen de casta jerárquico en las colonias bajo el control supremo de la Corona española. En cierta medida, algunos rasgos de la política de la monarquía española explican que el rey Carlos V promulgara las Leyes de Indias en 1542-1543, según las cuales se limitaban los derechos de los colonizadores españoles en relación con la población indígena, y se reconocían las tradiciones comunales de ésta.
El reconocimiento que las Leyes de Indias hacen del régimen comunal corresponde plenamente a la práctica del feudalismo. La comunidad debía y podía existir para el bien de la Corona y la Iglesia. La legislación que defendía los derechos comunales de los indígenas se que-daba en el papel.
El sistema de encomienda, que consistía en que el poder español encomendaba a los colonialistas controlar a los indígenas, garantizaba a los encomenderos el derecho de cobrar impuestos a los indios y emplearlos gratuitamente en sus haciendas.
Este sistema fue introducido por los españoles para conservar las formas comunales de la agricultura; sin embargo, creó tales condiciones que las comunidades fracasaban debido a los fuertes impuestos y trabajos rudos, y propició que les despojaran de gran parte de las tierras con el pretexto de que no eran utilizadas.
Desde entonces, el problema central del desarrollo (y José Ma. Morelos lo demandaría también) establece la necesidad de restituir de la tierra a los natura-les para que la cultivaran y en lo sucesivo no pudieran arrendarla. José Ma. Luis Mora, Mariano Otero y Ponciano Arriaga, ilustres pensado-res del siglo xix, expresaban con gran claridad la situación en que se encontraban los campesinos. Arriaga escribía que el hacendado era comparable con los señores feudales de la Edad Media.
En la etapa revolucionaria, que se inicia en 1910 por medio del Plan de Ayala, se realiza el primer reparto agrario, que después es incorporado a la Ley Agraria del 6 de enero de 1915, formulada por Luis Cabrera. La Constitución de 1917 recoge estos principios agrarios, y desde entonces se inicia el reparto de tierras.
El artículo 27 constitucional contiene los preceptos básicos que fundamentan la reforma agraria, en los cuales establece:
1. Restitución de las tierras de los pueblos.
2. Dotación de tierras y aguas suficientes.
3. Ampliación de las tierras de los núcleos de población.
4. Creación de nuevos centros de población agrícola con las tierras y aguas que les sean indispensables.
Además, las tierras requeridas para este programa se tomarían de dos fuentes:
· Tierras públicas donde estuvieren disponibles.
· Expropiándolas por cuenta del gobierno federal.
El latifundio era obsoleto: no sólo debía desaparecer sino que se debía evitar cualquier posibilidad de su resurgimiento.
Una vez desaparecido el latifundio, el resultado de la Reforma Agraria sería una estructura agraria compuesta por:
1. El sector ejidal.
2. La pequeña propiedad.
En el proceso revolucionario, que parte en 1917, es necesario mencionar dos leyes promulgadas en la época del régimen del general Plutarco Elias Calles: la Ley reglamentaría sobre repartición de tierras ejidales y la Constitución del patrimonio parcelario ejidal, presentadas ante la Cámara de Diputados el 1 de septiembre de 1925, así como la ley presentada el 3 de diciembre del mismo año que se refiere a los riesgos.
Este proyecto de ley establece el funcionamiento de las tierras irrigadas para crear la pequeña propiedad.
En el lapso de 1934-1940 se consolida el desarrollo económico de México debido a los siguientes hechos:
1. Durante el período presidencial de Lázaro Cárdenas se reparten las mejores tierras del país: Mexicali, el Yaqui, Culiacán, Matamoros y Laguna, lo cual genera varios efectos: se acrecienta la producción por la nueva integración al cultivo de la mencionada superficie y se incrementa a la vez el mercado de trabajo y la capacidad de consumo.
2. Se fundan nuevos bancos para la producción agrícola.
3. Se impulsa la educación rural.
4. Se consigue la plena nacionalización de los ferrocarriles y se promueve la construcción de carreteras.
5. Se acelera el ritmo de actividad en la construcción de presas.
6. El rescate del petróleo cimenta las bases que permitirán la nacionalización de la industria eléctrica.
Los hechos anteriores son de suma importancia, pues determinan el desarrollo agrícola a partir de 1940.
Muchos investigadores tienden a subestimar la importancia de mejorar la agricultura en las economías en desarrollo, provocando la supervaloración de la industria, pero estas actividades no deben entrar en conflicto.
La agricultura y la industria compiten naturalmente por la captación de los recursos nacionales, aunque esto no signifique que quienes destacan la necesidad de una expansión agrícola han de oponerse necesariamente a la industrialización.
En países donde la población agrícola supera el número de ocupaciones en el campo y cuyo índice de crecimiento es grande, la necesidad de una rápida transformación agrícola puede ser igualmente urgente.
El requerimiento surge, en este caso, entre las razones de la necesidad de evitar un exceso de población en las ciudades por una inútil búsqueda de empleos. Es un hecho que en los últimos años la agricultura ha acelerado el crecimiento al producir valiosas divisas por la venta de sus productos en los merca-dos internacionales.
El programa para la transformación agrícola, difícil de realizar, es uno de los planes más cruciales, complejos de estructurar y llevar a cabo con éxito. En muchos países en desarrollo han fracasado los esfuerzos para hacer avanzar la agricultura debido a una insuficiente atención a uno o más de los componentes de política afortunada.
Esto ha dado como resultado frustraciones, uso irracional de recurso limitados y estancamiento del progreso en otras actividades complementarias.
El sexenio 1976-1982 promovió cambios profundos en la organización gubernamental para atender y tratar de resolver la duplicidad y la falta de integración en las actividades agrícolas.
Para esto, en el Diario Oficial de la Federa don del 12 de agosto de 1977 se publicó el Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, destacando entre sus funciones el despacho de los asuntos que expresamente le encomendaba la Ley Orgánica de I Administración Pública Federal y otras leyes, reglamentos, decretos, acuerdos; órdenes del presidente de la República.
Para el estudio, planeación e implementación de los asuntos que le competían, y con base en el artículo 2° de su reglamento interior, contaba con la siguientes unidades administrativas:
· Secretaría del ramo.
· Subsecretaría de agricultura y operación.
· Subsecretaría de ganadería.
· Subsecretaría de infraestructura hidráulica.
· Subsecretaría de planeación.
· Subsecretaría forestal y de la fauna.
· Oficialía mayor.
· Coordinación general de integración y desarrollo.
Las unidades administrativas de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos conducían sus actividades en forma programada y con base en las políticas prioridades y restricciones que para el logro de los objetivos y metas de lo planes a cargo de la Secretaría estableciera el secretario.
